Gran conmoción ha generado en el seno de la comunidad ñuñoina, el dictamen del Segundo juzgado de Policía Local de Ñuñoa, en que se condena al pago de una alta multa a una familia ñuñoina, por no haber regularizado una antigua ampliación de una vivienda que no puede ser habitada por los graves daños estructurales ocasionados por la misma inmobiliaria que la denunció ante la Dirección de Obras Municipales, por esa supuesta irregularidad.(Santiago, 10 de diciembre de 2008)
En el frontis del Segundo Juzgado de Policía Local de Ñuñoa, un numeroso grupo de vecinos de la comuna de Ñuñoa, acompañados de concejales y connotadas personalidades y organizaciones ciudadanas, manifestaron su indignación frente a la insólito fallo de esa instancia judicial, en contra de una familia ñuñoina, la que ha sido brutalmente golpeada por la destrucción de la casa en que vivía su abuela y madre, la señora Gina Fogliatti de 98 años de edad, quien debiera abandonar su hogar de toda una vida, luego que fuera socavado el subsuelo de su vivienda, por la utilización del invasivo sistema de sustentación de excavaciones llamado “Entibaciones por Tensores”, anclándose cada 3 metros, en los predios vecinos a la obra, para la edificación de altas torres.
La Dirección de Obras Municipales de Ñuñoa acogió hace más de un año, la denuncia efectuada por la propia inmobiliaria ALAMAZARA S.A., la cual produjo los daños a la vivienda de la señora Fogliatti, ubicada en Av. Dublé Almeyda 1390, con claros objetivos intimidatorios, pues la familia había interpuesto una medida precautoria que impedía a ésta celebrar ventas y contratos, con el objeto de garantizar el pago de una indemnización, por graves daños morales y materiales.De esta forma, y contrario a toda lógica, esa instancia municipal acogió la denuncia y exigió, a su vez, a la familia afectada regularizar una antigua ampliación de la vivienda, bajo amenaza de llevar el caso ante la justicia de policía local, la que de toda evidencia no puede ser reparada ni mucho menos recibida por el municipio, debido a los graves daños estructurales ocasionados por la inmobiliaria denunciante.Es así que finalmente dicho juzgado ha condenado a la familia Araneda - Fogliatti a pagar una alta multa por incumplir las órdenes de la Dirección de Obras Municipales de Ñuñoa, so pena de reclusión nocturna, de no pagar dicha multa.
La medida judicial fue calificada por los manifestantes como un claro afán de acoso y amedrentamiento hacia una familia que ha liderado una fuerte movilización de los vecinos de Ñuñoa, en contra de los sistemáticos atropellos a los derechos humanos elementales, tras el boom inmobiliario impuesto en la comuna por el alcalde Sabat, cuyo municipio a dado literalmente la espalda a los cientos de vecinos directamente afectados por las innumerables irregularidades y abusos perpetrados en su contra, durante la construcción de las más de 300 torres en la comuna de Ñuñoa, dejándolos en una total indefensión.Verónica Adrián, Arquitecta, nieta de la señora Gina Fogliatti y dirigente de la RED CIUDADANA POR ÑUÑOA, declara que no han bastado las innumerables gestiones ante el municipio de Ñuñoa; la justicia civil y la penal; las cartas a la presidenta Bachelet; los escritos a la ministra Poblete del MINVU; tampoco las reuniones con parlamentarios, ni los escritos ante la Contraloría de la República, evocando todos esos órganos del Estado interpretaciones a la legislación evasivas al problema de fondo, cual es la usurpación de la propiedad privada para fines de lucro particular, con consecuencia de daños morales y materiales graves e importante devaluación de un bien raíz.
De esta forma, ninguno de los dictámenes o resoluciones de dichos órganos del Estado están a la altura del rol de garantes éticos que les corresponde, frente a tales atropellos a los derechos humanos”, agregó la profesional.Verónica Adrián sentencia que “queda demostrado que en el Chile de hoy los ciudadanos comunes y corrientes estamos totalmente indefensos frente al atropello de las inmobiliarias, porque existe en el país un andamiaje que sustenta su absoluta impunidad, violándose el principio constitucional de igualdad ante la ley.
El recién asumido concejal de Ñuñoa, Manuel Guerrero, expresó su mayor solidaridad con la familia afectada y se comprometió a llevar adelante todas las gestiones que le otorga su cargo al frente del concejo, para que el municipio de Ñuñoa asuma el rol que siempre debió cumplir, en defensa de los numerosos vecinos afectados por los ilegítimos procedimientos constructivos, utilizados por las inmobiliarias en la comuna de Ñuñoa.
Julio Alegría, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos declaró que “según consta en el Código Civil es completamente ilegal que un tercero usurpe el subsuelo de una propiedad privada, por lo cual la ejecución de Entibaciones por Tensores debería estar prohibida en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, OGUyC.”Patricio Herman, Presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, declaró en tanto que "desde hace años Defendamos la Ciudad está denunciando esta abusiva práctica que utilizan las constructoras para que no se desmoronen las tierras.
Estas empresas introducen sus tensores en los predios colindantes, sin la autorización de los dueños de las viviendas, lo que es abiertamente ilegal, de acuerdo a lo establecido en el Código Civil. Por ello recordamos que el 12/07/04 nos reunimos con la ministra de Vivienda y Urbanismo, Sonia Tschorne, para representarle esta situación que deja en la indefensión a los vecinos. Nuestro planteamiento tuvo una favorable reacción, ya que vía ORD. Nº 4132 del 02/12/04 del Seremi de Vivienda y Urbanismo, se reconoció expresamente la ilegalidad en comento, lo que fue publicado el 11/12/04 en El Mostrador en columna "Minvu pone atajo a abusos de constructoras”.
Pero ese buen proceder ministerial tuvo una efímera vida, ya que, en los meses siguientes, el Minvu se retractó de sus dichos, obviamente por las presiones recibidas de la industria de la construcción. Es decir, ese debilucho ministerio borró con el codo lo que escribió con la mano".
En tanto, el destacado dirigente socialista, Jorge Arrate y vecino de larga data en Ñuñoa, declaró por escrito que la denuncia en cuestión constituye un escándalo y expresa a la familia afectada toda su solidaridad. Por último, la Red Ciudadana Por Ñuñoa exigió públicamente al municipio de Ñuñoa ponerse de una buena vez del lado de los vecinos indefensos y no seguir protegiendo los intereses privados de las inmobiliarias, interponiendo para ello, una demanda ante el Estado de Chile, para que se repare en parte el daño moral y material perpetuado por las inmobiliarias a los vecinos afectados en Ñuñoa, a la vez que se instruyan los debidos sumarios internos a las autoridades municipales que permitieron tales atropellos.
RED CIUDADANA POR ÑUÑOA
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