publicado en la Nación Domingo 17/06/2007

SE CIERRA EL CÍRCULO SOBRE LOS RESPONSABLES DE LA CONTAMINACIÓN EN LICANTÉNCelco: Mataquito

Mañana se conocerá un informe clave respecto a las muestras tomadas en el río y en la planta Licancel. Fuentes de la Seremi de Salud señalan que hay “coincidencias” entre las sustancias tóxicas halladas en ambos lugares, mientras el Gobierno regional ya culpó a la empresa, y los pescadores y comerciales de la zona exigen una solución integral.

por Marcelo Garay

La contaminación del río Mataquito, provocada por desechos tóxicos vertidos desde la planta de celulosa Licancel, quedará por mucho tiempo en la retina de la gente de Licantén y la zona costera de la provincia de Curicó. Pero probablemente ningún habitante de la zona dirá que se trató de una sorpresa. En cierto modo, “los hombres de piedra”, como diría un licantenino, el poeta Pablo de Rokha, están acostumbrados a este tipo de “eventos”, el eufemismo con el que algunos prefieren referirse a la masiva muerte de peces descubierta a comienzos de este mes en la desembocadura del cauce, en el balneario de Iloca, cuya responsabilidad fue ya atribuida por el intendente de la Región del Maule a la firma propiedad de Celulosa Arauco, el brazo forestal del grupo Angelini.

No es ninguna sorpresa, aseguran también en la zona, que Celulosa Arauco descargue riles –los residuos industriales de su producción– al curso fluvial “aprovechando las crecidas”. Ni resulta novedoso si se tiene en cuenta que se trata del segundo episodio de contaminación que ha ocurrido en el río en los 12 años que la planta, construida en 1976, lleva en poder de Celco.

El primero fue en diciembre de 1999, cuando, al igual que ocurrió ahora, cientos de peces aparecieron muertos en el curso del río Mataquito. Entonces, y aunque todas las sospechas apuntaron a la fábrica de celulosa, fue imposible determinar su responsabilidad, ni tampoco quedó claro si fueron los desechos industriales tóxicos, producidos en el proceso de limpieza y mantención de sus instalaciones, los que provocaron la muerte de la fauna y la flora del río, cuyo nombre significa “estrujar el tuétano”.

Pese a la acción judicial que emprendieron aquella vez la Comunidad de Regantes Lora-Quelmén y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, reivindicando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, consagrado en el artículo 19 de la Constitución, la investigación quedó en nada y la planta siguió operando. Pero en Licantén y las localidades costeras de Iloca, Duao y La Pesca nadie olvida aquel episodio. “Se murió todo, peces, algas, todo. Antes costaba navegar, ahora hay puro fango”, admite José Rivera, dirigente de los pescadores artesanales de este último poblado.

Según recuerdan los lugareños, la mortandad de peces de principios de este mes es igual o peor a la de hace ocho años. “Cuando ocurrió la contaminación de 1999 fue lo mismo que ahora, pero quedó en nada. Esa vez, gente de Celco ‘mojó’ por debajo a muchos para silenciar”, denuncia otro dirigente de La Pesca.

Pese a esta lectura, el director ejecutivo (S) de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, Rodrigo Guzmán, dice que lo ocurrido en 1999 no puede ser comparado con el último episodio. “No son hechos comparables. La situación hoy es distinta, hay una mayor conciencia de lo que puede ocurrir y el Estado está para hacerse cargo. Lo que preocupa y es indispensable ahora es atender las consecuencias ambientales”, sostiene.

EL INFORME CLAVE

Aunque todavía falta determinar exactamente qué sustancias fueron las arrojadas al caudal, y si fueron éstas las que causaron la muerte de la fauna del Mataquito, en el Gobierno está claro que existe responsabilidad de la planta acusada. “Está medianamente establecido que la planta Licancel de Celco es responsable de la contaminación del río. Sólo falta determinar qué tóxicos fueron los que provocaron la contaminación”, advirtió el viernes el intendente del Maule, Alexis Sepúlveda.

El fiscal José Alcaíno, a cargo de investigar la contaminación del Mataquito, ha incluido en sus diligencias el análisis de otros “eventos” que han comprometido a la misma empresa. Sigiloso, el prosecutor ha dedicado estos días, mientras espera los informes de la empresa y de los organismos públicos que inspeccionaron la planta y tomaron muestras del río, a estudiar los resultados de los análisis realizados hace dos años y medio en el río Cruces, tras la mortandad de cisnes de cuello negro en el santuario de la naturaleza Carlos Andwanter.

Otro de los informes clave es el que debe evacuar mañana la Secretaría Regional Ministeral de Salud, y que corresponde a exámenes al interior de la planta Licancel y también a análisis de los peces muertos a causa de la contaminación por “órganos clorados”, los cuales se utilizan para el blanqueamiento del papel en la planta. Fuentes consultadas por este diario adelantaron que dichos estudios “arrojaron coincidencias desde el punto de vista del evento ocurrido”.

Todo eso, además de la investigación por los cinco ductos clandestinos detectados por los equipos de la policía y la Comisión Regional del Medio Ambiente, y que presumiblemente se utilizaban para evacuar los desechos tóxicos desde la planta. Durante la semana, la firma negó la existencia de estos ductos, y hasta ahora sólo reconoce que un equivocado tratamiento de los residuos causó que se excedieran en dos parámetros de contaminación (ver entrevista en página 16).
El fiscal Alcaíno tampoco descarta citar a los tres ejecutivos de Licancel que fueron despedidos por Celco: “Existe una orden de investigación, pero lo primero es establecer si se cometió un delito. Si eso se establece, se investigarán eventuales responsabilidades”.

HOMBRES DE PIEDRA

Al desastre ecológico se une un descalabro social de dimensiones comparables: la cesantía obligada de pescadores y agricultores, imposibilitados de trabajar por la contaminación, está causando graves efectos en la zona. Todo indica que Celco deberá responder por aquello, aunque también será clave el papel que cumplan las autoridades en la búsqueda de medidas que solucionen cabalmente los problemas derivados de la contaminación.

José Rivera representa a unos 60 trabajadores que desempeñan faenas en el curso bajo del Mataquito, tanto de pesca como de cultivo de ostras, choritos y choros zapatos. Son los principales afectados, junto a los tripulantes y comerciantes de la zona, debido a que el vertido de sustancias tóxicas derivó en la prohibición de extraer recursos.

Apenas se conoció la magnitud del desastre, los pescadores iniciaron conversaciones con Celco. De hecho, fue la misma firma la que insinuó la posibilidad de entregar reparaciones económicas para “remediar el daño”. Pero lo que preocupa no es el resarcimiento monetario, cuyo piso bordea los 500 mil pesos mensuales mientras dure la emergencia. También está el interés por reparar el daño ambiental, tanto el detectado hasta ahora como el que pueda causar algún futuro “evento” originado por la contaminación de las aguas.

“La primera tarea es solucionar y volver a la normalidad las condiciones ambientales en la zona. Los montos no son lo que más nos preocupa. Aquí no se trata de reparar el daño con un cheque ni con canastas familiares o empleos de emergencia”, advierte el abogado de los pescadores, Jorge Araneda.

Los sindicatos de pesca venían desarrollando con Celco varias iniciativas tendientes a concretar la responsabilidad social de la compañía. Pero el coordinador de campaña de Greenpeace, Samuel Leiva, cuestiona abiertamente la validez de este tipo de acciones. “La responsabilidad social no es sólo poner lucas; se trata de dar garantías de estar haciendo bien las cosas, de vivir con la gente y no convertirla en mendigos”, afirma. “Aquí hay un riesgo latente. En cualquier planta de Celco puede ocurrir. ¿Quién nos dice que hoy no puede haber otra contaminación como la ocurrida en el Mataquito. La planta Licancel continúa trabajando con cloro elemental para el blanqueo de papel y con dióxido de cloro”.

En forma paralela a estas negociaciones, la Intendencia del Maule se reunió con las organizaciones de la sociedad civil de la cuenca del Mataquito para evaluar los daños, escuchar sus demandas y discutir propuestas de solución. Además de los pescadores, otro sector fuertemente golpeado ha sido el comercio: la contaminación de las aguas, afirman, estropeó severamente la imagen del borde costero entre La Pesca y Duao. Según el dirigente de la Agrupación de Comercio y Turismo La Pesca, Sebastián Hernández, la difusión de la noticia se tradujo en una baja inmediata en las ventas, al tiempo que actividades como el turismo y la pesca deportiva prácticamente desaparecieron. “Esta situación ha creado una muy mala imagen del balneario, justo en momentos en que estábamos en un proceso para atraer a la tercera edad. Eso se fue a las pailas”, se queja.